Respuesta a la crisis generada por el COVID-19
El Decreto 806 de 2020 es una medida adoptada para mejorar las actuaciones judiciales y brindar una atención más eficiente a los usuarios del servicio de justicia.
Esta iniciativa fue tomada en respuesta a la crisis mundial generada por el Covid-19, que causó el cierre de juzgados, Superintendencias y Cámaras de Comercio, poniendo en riesgo el acceso a la justicia a los colombianos.
Implementar tecnologías y agilizar procesos judiciales
El objetivo del Decreto es implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales, agilizarlos y flexibilizar la atención a los usuarios. Este Decreto fue declarado exequible con condiciones a través de la sentencia C-420 de 2020.
Prevención de mora judicial: Una solución para reactivar la rama judicial
El Decreto buscaba prevenir un aumento en la mora judicial debido a la incertidumbre sobre la duración del cierre de juzgados y otras instituciones.
Así, con la adopción de diferentes medidas para implementar la tecnología en actuaciones judiciales, los cuales ya se venían implementado con el Código General del Proceso, el Decreto llegó para consolidarse como una verdadera solución y garantizar el acceso a la administración de justicia, representando entonces una solución para reactivar los servicios de la Rama Judicial, los cuales, al ser presenciales estaban suspendidos.
Vigencia limitada: Una necesidad de convertir el Decreto en legislación permanente
Vale la pena manifestar que El Decreto tenía una vigencia limitada durante los dos (2) años siguientes a partir de su promulgación, es decir, el día 4 de junio de 2020.
Quiere decir esto que, de no haberse convertido el Decreto en legislación permanente, la rama judicial volvería al modelo presencial, perdiéndose las diferentes implementaciones tecnológicas para lograr avanzar en la virtualización, ocasionando nuevamente un retroceso que no tenía justificación alguna.
Esto trayendo entonces múltiples cuestionamientos, como lo son la eficiencia y agilidad en la administración de justicia, así como también la accesibilidad a la misma por parte de los usuarios.
Entonces, esto plantea varias preguntas, tales como:
- • ¿Qué consecuencias tendría el vencimiento del Decreto en los estados publicados en la baranda digital de cada juzgado? ¿Deberíamos regresar a la revisión manual y los desplazamientos innecesarios a los juzgados?
- • ¿Cómo afectaría el vencimiento del Decreto a la gestión de los expedientes, que actualmente se manejan de forma virtual, evitando el desgaste de papel y reduciendo los costos y tiempos de manejo?
- • ¿Qué impacto tendría en la simplificación del proceso de otorgamiento de Poderes al requerirse su autenticación?
El Decreto 806 de 2020 no solo resultó ser eficiente para la administración de justicia, sino también para una amplia gama de usuarios, incluyendo litigantes, estudiantes, académicos y clientes.
La implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales generó un impacto positivo en la experiencia de los usuarios, quienes han encontrado en la virtualidad más ventajas que desventajas.
- Reducción en costos.
- Agilización y depuración de trámites entre el demandante y el demandado con la implementación del envío de la demanda simultánea a la radicación de esta, cuando no se soliciten medidas cautelares.
- Facilidad y celeridad en la revisión de estados, traslados y en general, de los expedientes, así como facilitar la comunicación entre el Abogado y el Juzgado al solicitar a través de Memoriales, los documentos o enlaces del proceso.
- Aumento de la confianza en las diferentes herramientas digitales para las partes.
El Decreto sobre justicia digital ha demostrado ser una solución eficiente para diferentes actores, incluyendo empresas, universidades, profesionales y organizaciones. Como resultado, muchos han pedido su permanencia convirtiéndolo en ley.
Una carta firmada por los presidentes de los Consejos de la Judicatura y del Estado, la Corte Suprema de Justicia, la fiscalía general de la Nación y un representante de los empleados de la Rama Judicial, solicitó a la Cámara de Representantes y al Senado la agilización en la conversión del Decreto en legislación permanente. Este pedido fue hecho el 9 de mayo de 2022.
El 13 de junio de 2022, se sancionó la Ley 2213 de 2022, la cual establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y adopta medidas para implementar la tecnología en la justicia. La Ley tiene como objetivo agilizar los procesos judiciales, flexibilizar la atención a los usuarios y mejorar la eficiencia en la administración de justicia.
Algunos de los cambios importantes incluidos en la ley son:
- La virtualidad como regla general en las actuaciones judiciales
- Una atención presencial solo cuando el usuario lo requiera o el juez lo solicite, con medidas especiales para la población vulnerable
- Publicación en el registro nacional de personas emplazadas en lugar de un medio escrito
- Actuaciones notificadas virtualmente y disponibles para su consulta en cualquier momento
- La obligación de señalar el canal digital para las notificaciones en la demanda
- Términos para notificaciones y traslados que empiezan a correr cuando el destinatario recibe acuse de recibo o se pueda constatar su acceso
- Poderes especiales que se pueden conceder mediante mensaje de datos, sin necesidad de firma digital o autenticaciones adicionales.
La aprobación de la Ley 2213 de 2022 y su vigencia permanente, marca un antes y un después en el sistema de justicia colombiano. Al fomentar la virtualidad como regla general y permitir la atención presencial solo en casos específicos, se está agilizando los procesos judiciales y brindando mayor flexibilidad a los usuarios del servicio. Además, la eliminación de la publicación en medios escritos para las notificaciones por emplazamiento y la fijación virtual de las mismas, contribuye a la modernización y eficiencia del sistema.
Todo esto es solo el comienzo de un gran cambio en la forma de actuar de los profesionales involucrados en el Litigio, y solo será posible lograrlo con un trabajo continuo y en conjunto entre todos los actores del sistema. Al hacerlo, se logrará brindar mayor seguridad, transparencia y celeridad a los clientes, tumbando aquellas creencias y procedimientos obsoletos que congestionaban aún más el aparato judicial. La justicia colombiana está en camino hacia un futuro más eficiente y moderno, y es nuestra responsabilidad trabajar juntos para alcanzarlo.
